Producción Pública de Medicamentos: de la incertidumbre a la preocupación

La salud pública es objeto de negocios de diversa índole. Las farmacéuticas venden sus medicamentos, muchas veces de manera monopólica, con abultados sobreprecios a los hospitales y a las farmacias de venta directa. Este problema se resolvería si Argentina produjera públicamente los medicamentos, sin fines de lucro. Estamos en condiciones de hacerlo, existe una amplia red de laboratorios de Producción Pública de Medicamentos (PPM).

Sin embargo, como en tantos otros ámbitos, el año comenzó agitado en el área de los medicamentos. Según el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) de febrero, en el rubro “productos farmacéuticos” se produjo un aumento del 38,4 % con respecto al mismo mes de 2015. A esto se sumó el ajuste en el PAMI, donde se quitaron 163 medicamentos del listado de cobertura total, pasándose a cubrir el 50 % u 80 % del costo.

En el mes de abril, se conoció que uno de los laboratorios de Producción Pública de Medicamentos más importantes del país, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe, inusualmente aún no había recibido la confirmación del Ministerio de Salud para la compra por parte del Estado Nacional de medicamentos ofertados en septiembre de 2015. Esta “demora” no sólo complicó al Laboratorio ya que el Estado Nacional es el comprador del 25 % de su producción sino que además tuvo un impacto directo en Salud Pública debido a que el LIF, como proveedor del plan Remediar, es responsable del 100 % del abastecimiento de ciertos medicamentos en ciertas provincias (7.000 centros de atención primaria de la salud).

En mayo, diputados de Cambiemos anunciaron que harían una presentación en la Comisión de Defensa de la Competencia por los exorbitantes incrementos en los precios de los fármacos. Incluso reconociendo “la existencia de una estructura productiva y comercial oligópolica” y que “(…) estamos decididos a utilizar todas las herramientas institucionales y legislativas para lograr un profundo cambio en este sector, que mejore la competitividad y brinde una oferta amplia y de calidad a precios razonables a los consumidores públicos y privados”, poco interés demostraron por promover la PPM en nuestro país, que con un aprovechamiento del 20 % de la capacidad instalada de sus 39 laboratorios fabrica medicamentos que cubren 385 principios activos distintos, con un precio promedio que ronda entre el 50 % y el 70 % del valor de los producidos por laboratorios privados.

Clara evidencia de este desinterés es que al día de hoy el Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña no ha todavía liberado los $150.000.000 del presupuesto nacional promulgado el 3/11/15 para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).

Los últimos eventos de esta historia que parece apuntar a sepultar la PPM son realmente preocupantes. Por un lado, mediante Decreto Nº 883/2016 se removió de su cargo al Presidente del Directorio de la ANLAP, Dr. Patricio De Urraza, a quien nunca se le asignó el presupuesto necesario para poner en funcionamiento la ANLAP. Además, en los últimos días se hizo pública la renuncia de la Directora Ejecutiva del Laboratorio de Hemoderivados de la UNC (uno de los más importante de América Latina con 270 empleados), Mgter Catalina Massa, debido a la falta de apoyo institucional para la ejecución de sus tareas.

Por otro lado, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) se ha acercado al Dr Lemus, actual Ministro de Salud, y al Dr Chiale, administrador de ANMAT para negociar el precio de algunos medicamentos. Proponen mantener los precios fijos hasta fin de año si las normas Sistema Nacional de Trazabilidad se circunscriben sólo a los medicamentos más costosos, como era al inicio de su implementación, en el año 2011. Argumentan que es eso lo que encarece los costos por la logística que conlleva.

No es posible negociar la seguridad de los medicamentos en estos términos. El retroceso en este sistema de control traerá nuevamente la comercialización de remedios adulterados o falsificados, ventas en negro y la estafa al Estado con la presentación de troqueles truchos.

Por último, el gobierno actual ha mostrado su interés, como observador del TPP (Acuerdo Transpacífico), en firmar este tratado de libre comercio. Como sucede en todos estos acuerdos, el TPP avanza en la disminución de aranceles, facilitando la entrada de productos extranjeros al mercado argentino; obliga a una armonización en materia de propiedad intelectual, aumentando principalmente los derechos de las farmacéuticas privadas en detrimento de los de producción pública; y asegura mayores garantías a inversores extranjeros, obligando al Estado a una supuesta competencia justa que iguala el trato hacia nuestros laboratorios nacionales con los extranjeros. Todas estas obligaciones que vienen de la mano del TPP dejan al Estado en desventaja, para regular precios y priorizar la producción pública de medicamentos, imprescindibles para el acceso a la salud.

En conclusión, el futuro de la PPM no parece muy auspicioso bajo un gobierno que ante una escalada desmesurada en los precios de los fármacos se contenta con realizar una presentación en la Comisión de Defensa de la Competencia en vez de potenciar la PPM como una politica de Estado capaz de producir medicamentos a menores precios, fijar precios testigo, generar empleo y producir fármacos huérfanos que no fabrican los grandes laboratorios privados por no ser rentables.

11/08/2016

CEREL (Centro de Estudios para la Refundación y Emancipación Latinoamericana)

A.R.G. (Agrupación Rolando García)

larolandogarcia@gmail.com

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